Una de las dudas más frequentes es cuando encontramos un concurso y nos solicitan la clasificación empresarial por primera vez es que es necesario. Bueno la clasificación de contratistas del estado va dirigida a contratos de obras y servicios con unas cuantías mínimas. Aunque se puede presentar el caso de para importes inferiores que la soliciten. Lo que debemos tener en cuenta es que el plazo para obtenerla (teniendo toda la documentación preparada) desde la solicitud la ministerio de economía y hacienda es de 3-4 meses como mínimo. 

Por otro lado que necesitamos:

  • DNI de las personas que firman la solicitud
  • Escrituras de las empresas (de constitución, subsanación, ampliación de capital, cambio denominación social, etc,…)
  • Certificación de estar al corriente con hacienda y la seguridad social
  • Acreditación o documentación para acreditar la actividad de un determinado subgrupo en el caso de que sea necesaria.
  • Informe expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social para cada una de las cuentas, en la actividad para la que se solicita clasificación de obras o servicios en las que la empresa está en situación de alta.
  • Certificado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el que se indique el número anual medio de trabajadores empleados por la empresa durante los tres últimos años
  • Justificación de los medios materiales de la empresa.
  • Certificados de buena ejecución de los trabajos.
  • Acreditación de los medios financieros de la empresa (según el caso cuentas anuales, modelos 347, declaraciones de hacienda, etc…)

¿Que pasa si no puedo acreditar experiencia de los últimos tres años para servicios y de los últimos cinco años para obras?

En caso de no poder aportar experiencia hay que justificar que se cuenta con los recursos técnicos y medios suficientes para un determinado subgrupo. Es decir que la empresa tiene a su disposición o va a disponer de la maquinaria, equipos, personal técnico con experiencia, etc… necesarios con la documentación. En caso de maquinaría con facturas o contratos de alquiler, leasing, arrendamiento financiero.

Clasificación en casos especiales.

  1. Se entenderán como casos especiales de clasificación todos aquellos en los que no tenga aplicación directa la fórmula del indice de empresa, por no haber realizado la empresa en el último trienio trabajo alguno del tipo para el que solicita clasificación.
  2. En todos los casos especiales la procedencia de la clasificación será el resultado estimativo de las posibilidades que encierra la empresa para la ejecución del tipo de trabajo de que se trate, deducido del examen de los extremos siguientes:
    1. Experiencia del personal directivo y técnico en el tipo de trabajo que corresponda al subgrupo solicitado.
    2. Maquinaria y equipos de que disponga de especial aplicación al tipo de trabajo de que se trate.
  3. Una vez estimada la procedencia de la clasificación en el subgrupo solicitado, se determinará la categoría que le corresponde en el mismo, mediante aplicación de la fórmula del índice de empresa, fijando por apreciación el valor que debe adoptarse para el factor O representativo del máximo importe anual que se considera que puede actualmente ser ejecutado por la empresa en los trabajos de servicios del subgrupo.

¿Cómo se miden las “posibilidades” que encierra la empresa?

La empresa debe aportar en estos casos:

  • Relación detallada del personal de que dispone con experiencia en los trabajos del subgrupo (experiencia que puede haber adquirido dentro o fuera de su actual empresa).
  • Relación detallada de la maquinaria de que dispone de aplicación específica a los trabajos del subgrupo.
  • Una memoria detallada y cuantificada, con las referencias y justificaciones pertinentes (rendimientos reales, precios de mercado, etc.) de su capacidad de ejecución anual de trabajos del subgrupo, con los medios antes citados.
  • Acreditación documental de todo lo anterior.

 

¿Mucho lío? No se preocupe se lo gestionamos. Clic aquí

Hoy os presentamos un vídeo de la DGPYME que entra a explicar más en detalle el papel de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) en la financiación de las PYMES, entre otras necesidades para el acceso al crédito en la participación en Concursos Públicos.

 

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Modelos de Carta de Solvencia Económica y Financiera

Existen modelos distintos de documentos para demostrar la solvencia económica y financiera de nuestra empresa cuando nos presentamos a concurso público, y en algunos casos el mismo texto del anuncio o el pliego administrativo incluye un modelo (que en ocasiones es el que debe ser utilizado), aunque la mayoría giran entorno a lo que el artículo 75 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector (TRLSCP) detalla (sintetizado):

se puede demostrar la solvencia económica y financiera con uno o varios de los siguientes documentos:
A) Declaración de la entidad financiera o seguro de indemnización por riesgos profesionales
B) Cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o el que corresponda. Si no se tiene obligación de presentar cuentas en ningún Registro, basta con los libros de contabilidad legalizados.
C) Declaración sobre el volumen de negocios (si hace falta el volumen de negocio en el ámbito correspondiente al objeto del contrato).

Aún así, como decía, en ocasiones la misma entidad adjudicadora facilita modelos, bien en el mismo texto del anuncio, bien en los pliegos del concurso o incluso en las normas de contratación de la entidad. Os presento algunos ejemplos:

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Hace unos días tuve la oportunidad de preparar, junto a Marcel Medina, CEO de Aztive Mobile, una oferta que encontramos en licitaciones.es para un concurso que encajaba en su línea de negocio, la contratación del servicio de envío de SMS, aunque también hacen pasarelas de pago móvil, y me gustaría compartir con todos los lectores los pasos que realizamos, los errores que cometimos, y las conclusiones que sacamos de la experiencia.

Antes que nada, dejar claro que ninguno de los dos había preparado ofertas para concursos públicos antes, por lo que se trataba de una novedad para ambos.

Encontrar el concurso público

Puesto que Aztive no tiene puesto el foco de trabajo en los concursos públicos, Licitaciones.es fue clave en detectar el concurso, sobretodo por el hecho que el concurso fue publicado en el perfil del contratante de fsc-inserta (http://www.fsc-inserta.es) y por lo tanto era complicado de encontrar.  En nuestra contra jugó que al no tener puesta una alerta, detectamos el concurso casi ‘por casualidad’, y solamente tuvimos 5 días para preparar la documentación; tiempo a todas luces insuficiente cuando se trata del primer concurso (ahora estoy seguro que en 2 o 3 días podemos preparar otra oferta, pues ya tenemos toda la documentación ‘administrativa’).

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Hoy tenemos la participación de lujo de la responsable de una mesa de contratación en una administración pública, pero que debido a su posición nos ha solicitado no nombrarla. Gracias a su dilatada experiencia abriendo sobres de ofertas, nos puede hablar de los errores más comunes que se cometen, y dar algunos consejos que creemos pueden ser muy útiles. ¡Disfrutad de la lectura!

 

“Des de la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos del sector público la percepción general es que la pequeña y mediana empresa, desconoce los elementos básicos de una licitación pública, lo que incrementa la sensación de dificultad e inseguridad en la licitación.

Algunos de los errores más frecuentes en los que incurren los licitadores son también los más graves, hasta el extremo de determinar la exclusión de las empresas licitadoras. Los errores más típicos son los siguientes:

  • Presentación de las proposiciones fuera de plazo.  Quedan excluidas todas las propuestas presentadas un minuto después de la fecha y hora límites previstos en el anuncio de licitación.
  • La inclusión en el sobre A (documentación general) de la oferta económica y  documentos que deben incluirse en el resto de los sobres, especialmente aquellos que deben incluirse en el sobre C, comporta la exclusión de los licitadores.
  • Otro de los errores más comunes, es la inclusión en el sobre B de documentos que deben constar en el sobre C. Cabe destacar que en el sobre B deberá insertarse la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que han se valorarse según un juicio de valor, quedan excluidos los licitadores que incluyan en dicho sobre, documentación que debería constar en el sobre C, en especial si se trata de la oferta económica.

 

Otros de los errores en que incurren los licitadores que son subsanables y que por tanto, no determinan la exclusión de las empresas licitadoras, son los que detallo a continuación:

  • Carencia de alguno/s de los documentos que deben constar en el sobre A (documentación general). La sensación es que los empresarios desconocen que sería suficiente con hacer constar la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado que acreditaría frente a todos los órganos de contratación del sector público,  las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.
  • En el sobre C las empresas deben aportar la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que han de valorarse de forma automática. Pues bien, ocurre a menudo que las empresas incluyen en dicho sobre documentación que debiese haberse incluido en el sobre B. En este caso, simplemente, dicha documentación no sería objeto de valoración.

 

Finalmente, tan solo destacar la sensación de que algunas pymes desconocen la existencia del perfil del contratante, recomiendo pues que las empresas se familiaricen con las plataformas  creadas por las diferentes administraciones públicas, que se configuran como un portal único, global e integrado  para la difusión de la información de la actividad contractual de la Administración pública y de los entes y empresas que integran el sector público.

Para acabar, tan sólo animar a los licitadores a que se presenten a la licitaciones y decirles que los farragosos trámites administrativos constituyen una garantía de  transparencia para los participantes , dejando el menor margen posible a la discrecionalidad de la administración que debe adjudicar mediante procedimientos preestablecidos.”

 

Un registro de licitadores es un archivo dependiente de una institución o administración pública (Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Estado,…) en el que de forma voluntaria una empresa o profesional de una manera más rápida facilitar la presentación de la documentación para una licitación a los concursos públicos de cualquier tipo (Obras, servicios, suministros,
concesiones, etc) de la institución o administración que es responsable del registro.

Dicho de otra manera, si una empresa formula su inscripción al registro de licitadores del ayuntamiento de Alicante, una vez sea aceptada por el organismo encargado de su gestión podría licitar los concursos públicos que oferten el órgano de la administración aportando su correspondiente certificado, de manera que ahorraría una gran parte de la documentación que sería necesaria en cada licitación.

De todos los Registros de licitadores el de mayor relevancia actual y a futuro es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) creado por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de los artículos 301 a 307 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre, de Contratos del sector público que por cierto sustituye al Registro Voluntario de Licitadores que había hasta ese momento.

Los certificados de este registro acreditan frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación en el caos de
tenerla, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar. Es decir, estar inscrito en el ROLECE no garantiza acceder a todos los contratos públicos aunque si es un paso importante.

También se permite en el ámbito de la ley y con carácter voluntario que cada comunidad autónoma tenga su propio registro de licitadores y empresas clasificadas.

La información necesaria para la inscripción y que se le solicitará en documentación al licitador en los mencionados registros pasa por los siguientes puntos:

  • Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas      jurídicas. (Escrituras de constitución, DNI, CIF,…)
  • Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente. (Escrituras de apoderamiento o poder especial para contratar con el sector público)
  • Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad. (Por ejemplo para actividades industriales los certificados de inscripción en los    registros de establecimientos industriales)
  • Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejaran de forma independiente  si el empresario carece de clasificación. (Certificado de clasificación empresarial o la documentación que acredite la solvencia de la empresa: Cuentas anuales, seguro de responsabilidad profesional, etc. según casos)
    • La solvencia económica y financiera para empresas se determina por el importe de su patrimonio neto en las cuentas del último año presentadas en el registro mercantil de la provincia. El mínimo exigido para obtener la mínima clasificación es de 6.000 € y permitiría obtener contratos hasta 60.000 €, no siendo un dato oficial pero más o menos podemos entender que la solvencia (Patrimonio neto) debe estar en torno al 10% de la anualidad de los contratos.
    • En el caso de profesionales exentos de presentación de cuentas para la acreditación de la solvencia debería de aportarse un seguro de responsabilidad profesional por la totalidad o superior de la anualidad del contrato.
    • A continuación la relación de los mínimos de solvencia para cada categoría de la clasificación.
Categorías clasificaciónPatrimonio Neto mínimoAnualidad mínimaAnualiad máxima
A6.000 €60.000 €
B12.000 €60.000 €120.000 €
C24.000 €120.000 €360.000 €
D72.000 €360.000 €840.000 €
E168.000 €840.000 €2.400.000 €
F480.000 €2.400.000 €
  • La clasificación obtenida, así como cuantas incidencias se produzcan durante su vigencia; en esta inscripción, y como elemento desagregado de la clasificación, se indicará la solvencia económica y financiera del empresario.
  • Las prohibiciones de contratar que les afecten.
  • Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente.

En cuanto a la clasificación de empresas no es un registro propiamente dicho pero podríamos definirla como una acreditación voluntaria válida para todo el territorio nacional o de ámbito autonómico (según el caso) de la solvencia económica, técnica y financiera de la empresa. De ahí que para la inscripción en el ROLECE sea más que suficiente para acreditar su solvencia económica y financiera.

La clasificación de empresas es necesaria para dos tipos de contratos públicos (Obras y servicios) y para contratos públicos cuya una anualidad sea superior a los 350.000 € para obras y los 120.000 € para servicios.

En una licitación para un concurso público cuando se solicita por parte del órgano de contratación la clasificación  de empresas encontramos en primer lugar el tipo de contrato (obras o servicios), después del Grupo (A-Movimiento de tierras,  E-Edificaciones,…) en tercer lugar el subgrupo (C-2 Estructuras de fabrica y hormigón) y en cuarto lugar la categoría (a, b, c, d, e, f). quedando la clasificación de una empresa para una determinada actividad como Obras-C-9-f.

Por último añadir que la renovación de los registros o clasificación empresarial tema que extenderemos en próximas entradas, tiene que actualizarse en la medida que el empresario o profesional tenga cambios sobre los iniciales en su momento. Por  ejemplo para la clasificación de empresas cada año se debe de informar de la solvencia económica y financiera. Cada tres años para la solvencia técnica.

 

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