Un registro de licitadores es un archivo dependiente de una institución o administración pública (Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Estado,…) en el que de forma voluntaria una empresa o profesional de una manera más rápida facilitar la presentación de la documentación para una licitación a los concursos públicos de cualquier tipo (Obras, servicios, suministros,
concesiones, etc) de la institución o administración que es responsable del registro.

Dicho de otra manera, si una empresa formula su inscripción al registro de licitadores del ayuntamiento de Alicante, una vez sea aceptada por el organismo encargado de su gestión podría licitar los concursos públicos que oferten el órgano de la administración aportando su correspondiente certificado, de manera que ahorraría una gran parte de la documentación que sería necesaria en cada licitación.

De todos los Registros de licitadores el de mayor relevancia actual y a futuro es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) creado por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de los artículos 301 a 307 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre, de Contratos del sector público que por cierto sustituye al Registro Voluntario de Licitadores que había hasta ese momento.

Los certificados de este registro acreditan frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación en el caos de
tenerla, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar. Es decir, estar inscrito en el ROLECE no garantiza acceder a todos los contratos públicos aunque si es un paso importante.

También se permite en el ámbito de la ley y con carácter voluntario que cada comunidad autónoma tenga su propio registro de licitadores y empresas clasificadas.

La información necesaria para la inscripción y que se le solicitará en documentación al licitador en los mencionados registros pasa por los siguientes puntos:

  • Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas      jurídicas. (Escrituras de constitución, DNI, CIF,…)
  • Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente. (Escrituras de apoderamiento o poder especial para contratar con el sector público)
  • Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad. (Por ejemplo para actividades industriales los certificados de inscripción en los    registros de establecimientos industriales)
  • Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejaran de forma independiente  si el empresario carece de clasificación. (Certificado de clasificación empresarial o la documentación que acredite la solvencia de la empresa: Cuentas anuales, seguro de responsabilidad profesional, etc. según casos)
    • La solvencia económica y financiera para empresas se determina por el importe de su patrimonio neto en las cuentas del último año presentadas en el registro mercantil de la provincia. El mínimo exigido para obtener la mínima clasificación es de 6.000 € y permitiría obtener contratos hasta 60.000 €, no siendo un dato oficial pero más o menos podemos entender que la solvencia (Patrimonio neto) debe estar en torno al 10% de la anualidad de los contratos.
    • En el caso de profesionales exentos de presentación de cuentas para la acreditación de la solvencia debería de aportarse un seguro de responsabilidad profesional por la totalidad o superior de la anualidad del contrato.
    • A continuación la relación de los mínimos de solvencia para cada categoría de la clasificación.
Categorías clasificaciónPatrimonio Neto mínimoAnualidad mínimaAnualiad máxima
A6.000 €60.000 €
B12.000 €60.000 €120.000 €
C24.000 €120.000 €360.000 €
D72.000 €360.000 €840.000 €
E168.000 €840.000 €2.400.000 €
F480.000 €2.400.000 €
  • La clasificación obtenida, así como cuantas incidencias se produzcan durante su vigencia; en esta inscripción, y como elemento desagregado de la clasificación, se indicará la solvencia económica y financiera del empresario.
  • Las prohibiciones de contratar que les afecten.
  • Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente.

En cuanto a la clasificación de empresas no es un registro propiamente dicho pero podríamos definirla como una acreditación voluntaria válida para todo el territorio nacional o de ámbito autonómico (según el caso) de la solvencia económica, técnica y financiera de la empresa. De ahí que para la inscripción en el ROLECE sea más que suficiente para acreditar su solvencia económica y financiera.

La clasificación de empresas es necesaria para dos tipos de contratos públicos (Obras y servicios) y para contratos públicos cuya una anualidad sea superior a los 350.000 € para obras y los 120.000 € para servicios.

En una licitación para un concurso público cuando se solicita por parte del órgano de contratación la clasificación  de empresas encontramos en primer lugar el tipo de contrato (obras o servicios), después del Grupo (A-Movimiento de tierras,  E-Edificaciones,…) en tercer lugar el subgrupo (C-2 Estructuras de fabrica y hormigón) y en cuarto lugar la categoría (a, b, c, d, e, f). quedando la clasificación de una empresa para una determinada actividad como Obras-C-9-f.

Por último añadir que la renovación de los registros o clasificación empresarial tema que extenderemos en próximas entradas, tiene que actualizarse en la medida que el empresario o profesional tenga cambios sobre los iniciales en su momento. Por  ejemplo para la clasificación de empresas cada año se debe de informar de la solvencia económica y financiera. Cada tres años para la solvencia técnica.

 

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