Tal y como explicamos en el glosario, los códigos CPV son un sistema de clasificación de los sectores de la economía válidos a nivel Europeo. Teóricamente permiten identificar cualquier tipo de actividad económica usando un código numérico de hasta 9 cifras.

Veamos su funcionamiento.

Los primeros dígitos indican el tipo de sector.

Por ejemplo, todos los CPVs que empiezan con los dígitos 03 se refieren a productos de agricultura, ramadería, pesca, silvicultura y productos afines. Así, el 03111200-4 se refiere a cacahuetes, mientras que el 03451000-6  se refiere a plantas.

Cada grupo se va clasificando en subgrupos, hasta llegar a códigos específicos de productos en concreto.

Por ejemplo, el código 091 se refiere a combustibles, el 0911 a combustibles sólidos, y el 09111100-1 a carbón, 09111200-2 a antracita, etc. Mientras que el 0912 se refiere a combustibles gaseosos, y en consecuencia el 09122100 es para el gas propano.

Y así se van subclasificando un sinfín de categorías económicas según se trate de suministros, obras o servicios y que, como decía al principio de la entrada, teóricamente deberían permitir codificar cualquier actividad.  En éste enlace podéis ver el listado completo de códigos CPV.

Pero éste sistema tiene varios inconvenientes: se trata de una lista cerrada, y si bien es cierto que se actualiza cada cierto tiempo, no permite la flexibilidad necesaria como para incorporar rápidamente nuevas categorías empresariales que van surgiendo, sobretodo las relacionadas con la actividad tecnológica, que avanza a grandes pasos (por ejemplo, el listado no dispone de ningún código específico para productos de eficiencia energética tipo LED, entre otros casos).

Otro problema de éste tipo de clasificación está relacionado con la pregunta de quién lo usa.

Según nuestra experiencia buscando licitaciones, hemos podido comprobar que su uso es muy irregular entre las entidades públicas y poderes adjudicadores. Si bien es cierto que la Unión Europea obliga a usar dichos códigos cuando se publica un anuncio en el Boletín Oficial de la Unión Europea (TED), eso no necesariamente significa que la persona que cuelgue el anuncio en el diario tenga el tiempo necesario y/o el conocimiento para ponerse a buscar qué código define mejor la actividad del concurso, o si hay algún subcódigo que pueda ser más preciso, o incluso si existe un código para el producto/servicio u obra que está solicitando. En el BOE publicar la clasificación CPV no es un criterio obligatorio, por lo que observamos que un porcentaje reducido de los anuncios contiene dicha clasificación. En términos generales, de los anuncios recogidos por Licitaciones.es durante 2011 en España, un 56% no tenían asignado ningún código CPV.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay algunas entidades públicas más afines a usar dicho sistema que otras, y eso se detecta fácilmente al comprobar  los códigos usados por una misma entidad en los distintos concursos.

En algunos casos vemos claramente que se ha realizado un minucioso trabajo de búsqueda, facilitando en la publicación del anuncio cada uno de los códigos CPV a que hace referencia el Concurso Público, por ejemplo:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~e3779b76-79ad-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~1.htm

donde vemos los códigos 15800000, 15112000, 15900000, 15110000, 15131130, 15221000, 15300000, 15500000, 15200000, 15811100, 15111000, 15113000, 15115100, 15131120, 15896000, 15250000, que hacen referencia a cada uno de los lotes de los que consta el anuncio y de los productos solicitados en ellos.

Tenemos otros casos en que se facilita un código genérico:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~999bd79c-9465-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~1.htm

en éste anuncio se usa el código 32000000, que hace referencia a Suministros de Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos. Pero vemos que en el anuncio hay 2 errores de publicación. Primero, se trata de un servicio de homologación de equipamientos TDT, y no de un contrato de suministros como se ha publicado, y en segundo lugar no existe en el listado de códigos CPV ninguna entrada que hable sobre servicios de homologación, por lo que el código usado puede llevar a confusión. Yo personalmente hubiera usado el código 50340000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos audiovisual y óptico, que aunque tampoco define exactamente el concepto de la licitación, por lo menos sí resulta un poco menos confuso.

En otros casos no se facilita absolutamente ningún código:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~18f1aa90-9492-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~2.htm

Éste anuncio ha sido publicado en el Perfil de Contratante del Gobierno de Aragón.

Y por último tenemos anuncios con códigos completamente erróneos, como el siguiente caso:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~a1b23e9e-9465-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~1.htm

donde se ha usado el código 15412200 Grasas vegetales, cuando el objeto del contrato es el Suministro de biodiésel puro o mezclado (que tiene su propio CPV: 09134230-8 Biodiésel).

 

Por lo tanto, vemos que los códigos CPV resultan una idea fantástica si siempre se pudieran aplicar correctamente, o si todas las personas que publican los anuncios dispusieran de suficiente tiempo y formación como para revisar atentamente los datos que detallan en cada anuncio. Pero por desgracia diariamente nos encontramos todo tipo de resultados extraños que obligan a ser muy cautelosos en la utilización de dichos códigos cuando se trata de buscar anuncios de Concursos Públicos que nos puedan interesar. Así que ya saben, si encuentran algún buscador que solamente les permita realizar búsqueda por códigos CPV, no deben fiarse de los resultados que obtengan, faltarán muchos anuncios y otros serán totalmente incorrectos.

Tal y como podemos ver en el siguiente vídeo creado por la Dirección General de Política de la Pyme, la Administración Pública también está interesada en que las PYMES participen y ganen Concursos Públicos.

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Así pues, no lo dudéis, informaos y participad en Concursos Públicos.

Un registro de licitadores es un archivo dependiente de una institución o administración pública (Universidad, Ayuntamiento, Diputación, Estado,…) en el que de forma voluntaria una empresa o profesional de una manera más rápida facilitar la presentación de la documentación para una licitación a los concursos públicos de cualquier tipo (Obras, servicios, suministros,
concesiones, etc) de la institución o administración que es responsable del registro.

Dicho de otra manera, si una empresa formula su inscripción al registro de licitadores del ayuntamiento de Alicante, una vez sea aceptada por el organismo encargado de su gestión podría licitar los concursos públicos que oferten el órgano de la administración aportando su correspondiente certificado, de manera que ahorraría una gran parte de la documentación que sería necesaria en cada licitación.

De todos los Registros de licitadores el de mayor relevancia actual y a futuro es el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (ROLECE) creado por el Ministerio de Hacienda en cumplimiento de los artículos 301 a 307 de la Ley 30/2007 del 30 de octubre, de Contratos del sector público que por cierto sustituye al Registro Voluntario de Licitadores que había hasta ese momento.

Los certificados de este registro acreditan frente a todos los órganos de contratación del sector público, a tenor de lo en ellos reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación en el caos de
tenerla, así como la concurrencia o no de las prohibiciones de contratar. Es decir, estar inscrito en el ROLECE no garantiza acceder a todos los contratos públicos aunque si es un paso importante.

También se permite en el ámbito de la ley y con carácter voluntario que cada comunidad autónoma tenga su propio registro de licitadores y empresas clasificadas.

La información necesaria para la inscripción y que se le solicitará en documentación al licitador en los mencionados registros pasa por los siguientes puntos:

  • Los correspondientes a su personalidad y capacidad de obrar, en el caso de personas      jurídicas. (Escrituras de constitución, DNI, CIF,…)
  • Los relativos a la extensión de las facultades de los representantes o apoderados con capacidad para actuar en su nombre y obligarla contractualmente. (Escrituras de apoderamiento o poder especial para contratar con el sector público)
  • Los referentes a las autorizaciones o habilitaciones profesionales y a los demás requisitos que resulten necesarios para actuar en su sector de actividad. (Por ejemplo para actividades industriales los certificados de inscripción en los    registros de establecimientos industriales)
  • Los datos relativos a la solvencia económica y financiera, que se reflejaran de forma independiente  si el empresario carece de clasificación. (Certificado de clasificación empresarial o la documentación que acredite la solvencia de la empresa: Cuentas anuales, seguro de responsabilidad profesional, etc. según casos)
    • La solvencia económica y financiera para empresas se determina por el importe de su patrimonio neto en las cuentas del último año presentadas en el registro mercantil de la provincia. El mínimo exigido para obtener la mínima clasificación es de 6.000 € y permitiría obtener contratos hasta 60.000 €, no siendo un dato oficial pero más o menos podemos entender que la solvencia (Patrimonio neto) debe estar en torno al 10% de la anualidad de los contratos.
    • En el caso de profesionales exentos de presentación de cuentas para la acreditación de la solvencia debería de aportarse un seguro de responsabilidad profesional por la totalidad o superior de la anualidad del contrato.
    • A continuación la relación de los mínimos de solvencia para cada categoría de la clasificación.
Categorías clasificaciónPatrimonio Neto mínimoAnualidad mínimaAnualiad máxima
A6.000 €60.000 €
B12.000 €60.000 €120.000 €
C24.000 €120.000 €360.000 €
D72.000 €360.000 €840.000 €
E168.000 €840.000 €2.400.000 €
F480.000 €2.400.000 €
  • La clasificación obtenida, así como cuantas incidencias se produzcan durante su vigencia; en esta inscripción, y como elemento desagregado de la clasificación, se indicará la solvencia económica y financiera del empresario.
  • Las prohibiciones de contratar que les afecten.
  • Cualesquiera otros datos de interés para la contratación pública que se determinen reglamentariamente.

En cuanto a la clasificación de empresas no es un registro propiamente dicho pero podríamos definirla como una acreditación voluntaria válida para todo el territorio nacional o de ámbito autonómico (según el caso) de la solvencia económica, técnica y financiera de la empresa. De ahí que para la inscripción en el ROLECE sea más que suficiente para acreditar su solvencia económica y financiera.

La clasificación de empresas es necesaria para dos tipos de contratos públicos (Obras y servicios) y para contratos públicos cuya una anualidad sea superior a los 350.000 € para obras y los 120.000 € para servicios.

En una licitación para un concurso público cuando se solicita por parte del órgano de contratación la clasificación  de empresas encontramos en primer lugar el tipo de contrato (obras o servicios), después del Grupo (A-Movimiento de tierras,  E-Edificaciones,…) en tercer lugar el subgrupo (C-2 Estructuras de fabrica y hormigón) y en cuarto lugar la categoría (a, b, c, d, e, f). quedando la clasificación de una empresa para una determinada actividad como Obras-C-9-f.

Por último añadir que la renovación de los registros o clasificación empresarial tema que extenderemos en próximas entradas, tiene que actualizarse en la medida que el empresario o profesional tenga cambios sobre los iniciales en su momento. Por  ejemplo para la clasificación de empresas cada año se debe de informar de la solvencia económica y financiera. Cada tres años para la solvencia técnica.

 

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