Recursos ante la Administración

On mayo 10, 2012, in Recursos ante la administración, by Alfonso Perona

Por Alfonso Perona Gómez y Blanca Gifre Alvarez. Abogados.

Cremades & Calvosotelo. Barcelona

aperona@cremadescalvosotelo.com

 

Todo acto o actividad de una administración pública está sometido a la revisión de sus actos por otros órganos de la administración o por los tribunales de justicia.

Ello se traduce en la práctica a que todo acto de la administración está sometido a un procedimiento, que viene marcado por las normas y leyes y que permite que antes de llegar a la vía judicial podamos alegar por medio de recursos ante la administración cuando no estamos conformes o consideramos que nos perjudica una actuación de la administración, sea en una licitación o en una decisión sobre otros aspecto de las relación entre particulares y administración.

Los escritos que podemos presentar ante la administración, que se denominan recursos pueden ser de tres clases:

Recurso de Alzada

Recurso de Reposición

Extraordinario de Revisión.

 

recursos ante la administración

 

 

Cada tipo de recursos tiene sus características, pero existen unos aspectos comunes a todos los recursos que son:

La persona que interpone un recurso debe estar legitimada para ello o debe tener un interés en el procedimiento o en la resolución del conflicto.

Se pueden interponer recursos en representación de otra persona, pero se debe acreditar la representación mediante documento público o privado o bien por poder dado ante el propio órgano de la administración.

El escrito del recurso se debe interponer ante un órgano de la administración que sea competente para resolverlo y que suele estar indicado en el pie del acto (escrito o notificación) que se nos envía y deseamos recurrir.

 

Los recursos administrativos no necesitan de una forma especial, solo se debe indicar el motivo de nuestro recurso y acreditar lo más y mejor posible las alegaciones que planteamos.

La forma de presentar un recurso puede ser la tradicional en papel o bien por medios informáticos, pero siempre se debe garantizar el contenido del escrito y que exista constancia del envió y recepción al destinatario. Aunque los escritos de alegaciones no necesitan una forma especial, si que debe contener unos requisitos mínimos en el escrito que se presenta ante la administración:

 

  • Nombre y apellidos, con identificación (DNI o NIF), de la persona que recurre y si es por representación, que acredite la misma.
  • Acto concreto de la administración que se quiere recurrir, suele tener siempre un número de expediente que debemos citar, así como el motivo de nuestra impugnación.
  • Organismo de la administración ante quien se presenta el recurso, así como lugar donde queremos recibir las próximas notificaciones de la administración.
  •  Por último Lugar, fecha y firma del escrito.
  •  Como recomendación final y muy práctica, la presentación del escrito se debe realizar en los plazos de días que la ley marca y que normalmente nos indican en el escrito o documento que queremos alegar.

 

El acudir a un abogado experto en temas de normativa administrativa supone la ventaja de  que velara por todos los aspectos formales y legales para defender nuestros derechos.

 

Los Pliegos de Cláusulas recogen el contenido que debe tener una oferta de un concurso público. Las administraciones convocantes facilitan el acceso a la documentación mediante el Perfil del Contratante, que es una página web donde se publicita el estado de los diferentes concursos de una entidad y desde donde se puede descargar la documentación del concurso, tanto técnica como administrativa. En la mayoría de los casos incluso es posible disponer de otros datos necesarios del concurso, como el proyecto para las obras de construcción, aunque algunas entidades siguen remitiendo a copisterías para conseguir esta documentación.

El Pliego pide tres categorías de información: administrativa, técnica y económica. Se suele dividir en varios sobres, de dos a cuatro, según el caso y contenidos deseados. La documentación administrativa permite identificar a la empresa ofertante y quien la representa, así como la cualificación y experiencia técnica (aquí hemos dado referencia de la clasificación y de los registros de contratistas). Normalmente se trata de reproducciones de documentos oficiales (en muchas ocasiones copias notariales) que ya explicaremos en otro lugar cómo preparar.

El apartado técnico hace referencia a aspectos particulares relacionados con el contenido y ejecución del contrato que se oferta. Por ejemplo, los Pliegos de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento en algunos de sus últimos concursos dividen la valoración de la plica técnica según los siguientes conceptos:

Concepto Puntuación

Límite de contenido

Memoria y programas de trabajo

70

20 páginas

Actuaciones medioambientales

10

10 páginas

Tecnología e I+D+i

10

Calidad

10

Cada uno de los apartados debe desarrollarse en el espacio delimitado y el Pliego suele describir los criterios de puntuación, para facilitar la preparación de la presentación.

Por último, figura la propuesta económica. Como es preceptivo valorar previamente las ofertas de carácter técnico de las cuantificables objetivamente, que suelen ser (entre otras) las económicas, resulta que se prohíbe que haya pistas en este sentido, de forma que la parte económica nunca debe mezclarse con propuestas de tipo técnico, ya que suelen indicar cuál es el valor de la propuesta. También se establece en el Pliego cómo se valora la oferta económica sobre el total del concurso y cuáles son los criterios de presunción de temeridad (las bajas temerarias, cuando hay excesiva disminución de precio, son harina de un costal del que otro día comentaremos).

Algunas veces la puntuación combinada de la oferta técnica y la económica, hace que el concurso resulte casi una subasta, porque se otorga el 75 % a la parte económica y el restante 25 % a la parte técnica, de manera que alguien que reduzca mucho el precio puede ganar el concurso, si ha hecho una oferta técnica aceptablemente decente.

Pero no siempre es la parte económica el punto crítico de la oferta. Por ejemplo, puede pasar lo que recientemente indicaba la plica de un conocido ayuntamiento, en que valoraba la oferta económica de un concurso de obras a razón de 1,325 puntos por cada 1 % de baja presentada respecto del presupuesto tipo de salida, con el límite máximo de 26,5 puntos. Dicho en román paladino: como 26,5 dividido entre 1,325 es 20, la máxima puntuación se obtiene con una baja del 20 %. Basta con comprobar que es posible asumir esa baja (cosa bastante probable, a la vista de las bajas de recientes licitaciones), para intuir que la gran mayoría de los ofertantes harán suya esta propuesta. Es decir, que la puntuación de la parte económica será, para casi todos los participantes, la misma. En este caso, el concurso se dirime por la puntuación de la parte técnica, lo que permite igualar mucho más las oportunidades (dando por sentado la capacidad previa de llegar a una baja del 20 %). En otras ocasiones, aunque no se “invite” a realizar una baja, la parte económica tiene un peso relativo pequeño (de menos del 25 %). Además de estas situaciones anecdóticas, en general suele haber un equilibrio sutil entre la parte económica y la técnica, de manera que para la mayoría de las ocasiones, la situación nos deja con la puntuación técnica como la parte fundamental del resto del concurso para optar a la posibilidad de contratarlo. Aquí es donde entran en funcionamiento las posibilidades comerciales.

La legislación comunitaria ha contribuido a que haya cada vez mayor transparencia respecto de la forma de puntuar las ofertas técnicas. La obligación que la evaluación se realice antes de abrir la plica económica, incluso con el requisito que esta puntuación sea ya conocida por los concursantes, facilita este aspecto. A veces, se fija un valor mínimo excluyente (en torno al 60 % del máximo) y otras se indica claramente cuáles serán las facetas y criterios de puntuación a los que deba ajustarse quien realice la valoración. Para un conocedor del sector, es posible redactar una propuesta técnica con auténticas aportaciones de valor que permitan destacar la diferencia competitiva de nuestra oferta.

Podríamos concluir que si hemos jugado bien nuestras cartas, es posible contratar con un cliente público que no nos conoce. Pero esto no es lo corriente. Sobra admitir que el ser bien reconocidos facilitará el acceso a mejores oportunidades. Hay que perder el miedo escénico a visitar a los representantes de la administración. A veces un técnico o un político no nos recibirán durante los periodos previos a una adjudicación de un concurso, con la sana intención de no dejarse influir en estas circunstancias. Con la misma seguridad, en otros momentos podemos aspirar a mantener un intercambio de opiniones y ofrecer a nuestro interlocutor los servicios de nuestra empresa y explicarle las habilidades que podemos aportar. A veces, la perspectiva de un concurso recientemente adjudicado puede ayudar para recibir retroalimentación sobre las características de nuestra oferta pasada y como mejorarla en el futuro.

A las administraciones les interesa propiciar la competencia, de manera que cuantos más licitadores participen en un concurso, mayor garantía de mejores prestaciones y opciones en las ofertas. Por lo tanto, también es bueno que haya diferentes adjudicatarios de los concursos, para incentivar la competencia empresarial. Hará falta agudizar el ingenio para mejorar las circunstancias de la oferta, no sólo en términos económicos sino también en aspectos relacionados con el plazo, las peculiaridades de la empresa y las circunstancias especiales que se hayan apreciado al analizar el concurso. Por último, cabe pensar que cada vez que encontremos una puerta cerrada, hay que ser conscientes que estamos más cerca de que la siguiente puerta se abra.

Muy buenos días,

hoy os presentamos un nuevo vídeo realizado en el salón MiEmpresa 2012, con la participación del ICEX y de dos expertos en la materia, hablando sobre el funcionamiento de Licitaciones y Concursos Públicos internacionales, y de cómo las PYMES pueden y han ganado concursos fuera del país. Los ponentes son:

Rafael Hoyuela, Jefe del Departamento de Financiación Multilateral del ICEX

José Francisco Muro, Director General de Javaland

y como caso práctico Carlos Rojo, Director Financiero de Álava Ingenieros, ganadores de muchos Concursos Públicos internacionales.

Me gustaría resaltar algunos comentarios de los ponentes:

Del Sr. Hoyuela sobre las grandes oportunidades que hay, de hasta 200.000 millones de dólares anuales, y de la red de apoyo del ICEX a la internacionalización.

Del Sr. Muro resaltar sus comentarios sobre la importancia de tener claras nuestras ventajas competitivas, la necesidad de invertir recursos para obtener resultados a medio/largo plazo, la búsqueda de socios locales para mejorar las posibilidades de ganar y de la falta de iniciativa de las PYMES españolas para participar en Concursos Públicos internacionales.

El Sr. Rojo nos habla sobre la importancia de creer en el know-how que acumulan las empresas para vender en el extranjero, la identificación de las oportunidades, y que ‘la práctica hace al maestro’.

Sin más, os dejo con el vídeo.

The video cannot be shown at the moment. Please try again later.

 

También me gustaría dejaros el enlace a una nota de prensa de la Comisión Europea, donde explican las iniciativas tomadas por la UE para mejorar el acceso a los mercados de contratación pública internacional de las empresas europeas y para la liberalización de los mercados mundiales de la contratación pública y velar por que las empresas europeas tengan un acceso equitativo a los mismos.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/268&format=HTML&aged=0&language=ES&guiLanguage=de

Hoy tenemos la participación de lujo de la responsable de una mesa de contratación en una administración pública, pero que debido a su posición nos ha solicitado no nombrarla. Gracias a su dilatada experiencia abriendo sobres de ofertas, nos puede hablar de los errores más comunes que se cometen, y dar algunos consejos que creemos pueden ser muy útiles. ¡Disfrutad de la lectura!

 

“Des de la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos del sector público la percepción general es que la pequeña y mediana empresa, desconoce los elementos básicos de una licitación pública, lo que incrementa la sensación de dificultad e inseguridad en la licitación.

Algunos de los errores más frecuentes en los que incurren los licitadores son también los más graves, hasta el extremo de determinar la exclusión de las empresas licitadoras. Los errores más típicos son los siguientes:

  • Presentación de las proposiciones fuera de plazo.  Quedan excluidas todas las propuestas presentadas un minuto después de la fecha y hora límites previstos en el anuncio de licitación.
  • La inclusión en el sobre A (documentación general) de la oferta económica y  documentos que deben incluirse en el resto de los sobres, especialmente aquellos que deben incluirse en el sobre C, comporta la exclusión de los licitadores.
  • Otro de los errores más comunes, es la inclusión en el sobre B de documentos que deben constar en el sobre C. Cabe destacar que en el sobre B deberá insertarse la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que han se valorarse según un juicio de valor, quedan excluidos los licitadores que incluyan en dicho sobre, documentación que debería constar en el sobre C, en especial si se trata de la oferta económica.

 

Otros de los errores en que incurren los licitadores que son subsanables y que por tanto, no determinan la exclusión de las empresas licitadoras, son los que detallo a continuación:

  • Carencia de alguno/s de los documentos que deben constar en el sobre A (documentación general). La sensación es que los empresarios desconocen que sería suficiente con hacer constar la inscripción en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado que acreditaría frente a todos los órganos de contratación del sector público,  las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar, representación, habilitación profesional o empresarial, solvencia económica y financiera, y clasificación, así como la concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar.
  • En el sobre C las empresas deben aportar la documentación relacionada con los criterios de adjudicación que han de valorarse de forma automática. Pues bien, ocurre a menudo que las empresas incluyen en dicho sobre documentación que debiese haberse incluido en el sobre B. En este caso, simplemente, dicha documentación no sería objeto de valoración.

 

Finalmente, tan solo destacar la sensación de que algunas pymes desconocen la existencia del perfil del contratante, recomiendo pues que las empresas se familiaricen con las plataformas  creadas por las diferentes administraciones públicas, que se configuran como un portal único, global e integrado  para la difusión de la información de la actividad contractual de la Administración pública y de los entes y empresas que integran el sector público.

Para acabar, tan sólo animar a los licitadores a que se presenten a la licitaciones y decirles que los farragosos trámites administrativos constituyen una garantía de  transparencia para los participantes , dejando el menor margen posible a la discrecionalidad de la administración que debe adjudicar mediante procedimientos preestablecidos.”

 

Licitaciones internacionales: Latinoamérica

On febrero 27, 2012, in Internacionalización, by Miguel Pinol

Hoy tenemos una entrada de Miguel Piñol Alba, CEO de OpenPlus (www.openplus.es), expertos, entre otras actividades, en la ayuda a la internacionalización de empresas Españolas. En la entrada nos hará una pequeña introducción al mundo de las Licitaciones fuera de España, en éste caso para América Latina. Espero que disfrutéis de la entrada.

“Una oportunidad de negocio en el campo de las licitaciones y compras públicas, y no solo para la gran empresa sino también al alcance de cualquier PYME, son las que se anuncian en el extranjero (muchas de ellas abiertas a la participación de ofertantes de fuera).

 

En este post nos centraremos en un área económica muy atractiva para la empresa española por su cercanía cultural e histórica: Latinoamérica (LATAM).

 

La primera consideración es que LATAM es una realidad muy heterogénea, con mercados muy dispares y gobiernos con muy distinta operativa. Si alguna empresa estuviera interesada en sondear las licitaciones de este área, nuestra recomendación es centrarse en uno, máxime dos, países de inicio.

 

La segunda consideración a tener en cuenta es que una de las estrellas emergentes de la zona, Brasil, es un mercado público especialmente complicado por su creciente “brasiñelización” (proteccionismo que en el caso de las compras gubernamentales, suponen un 25% de “preferencia nacional” [1]), por su complejidad administrativa como República Federal (26 estados más un DF) y la evidente barrera cultural.

 

Una tercera consideración: ajustarse a la legalidad. A pesar de los tópicos y los prejuicios acerca de la corrupción en algunos países de la zona, muchos de sus gobiernos están haciendo un esfuerzo ingente a favor de la transparencia, y endureciendo leyes y procedimientos antifraude y anticorrupción.

 

Una última consideración: existen líneas de apoyo al fomento de la participación española en licitaciones internacionales. Por un lado, las Cámaras de Comercio ofrecen asesoramiento, misiones comerciales ad-hoc y formación acerca del tema (http://www.camaras.org); por otro, el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) dispone de líneas específicas de apoyo al acceso a licitaciones internacionales (http://www.icex.es/licitaciones).

 

En nuestro sitio Web podeis encontrar el aplicativo LICITAPLUS, que a tiempo real permite visualizar de forma rápida algunas licitaciones LATAM: http://www.openplus.es.

 

[1] Informe Económico y Social (2011). Oficina Comercial Española en Brasilia: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/viewDocument/0,,,00.bin?doc=4257951

Miguel Piñol Alda

Tal y como explicamos en el glosario, los códigos CPV son un sistema de clasificación de los sectores de la economía válidos a nivel Europeo. Teóricamente permiten identificar cualquier tipo de actividad económica usando un código numérico de hasta 9 cifras.

Veamos su funcionamiento.

Los primeros dígitos indican el tipo de sector.

Por ejemplo, todos los CPVs que empiezan con los dígitos 03 se refieren a productos de agricultura, ramadería, pesca, silvicultura y productos afines. Así, el 03111200-4 se refiere a cacahuetes, mientras que el 03451000-6  se refiere a plantas.

Cada grupo se va clasificando en subgrupos, hasta llegar a códigos específicos de productos en concreto.

Por ejemplo, el código 091 se refiere a combustibles, el 0911 a combustibles sólidos, y el 09111100-1 a carbón, 09111200-2 a antracita, etc. Mientras que el 0912 se refiere a combustibles gaseosos, y en consecuencia el 09122100 es para el gas propano.

Y así se van subclasificando un sinfín de categorías económicas según se trate de suministros, obras o servicios y que, como decía al principio de la entrada, teóricamente deberían permitir codificar cualquier actividad.  En éste enlace podéis ver el listado completo de códigos CPV.

Pero éste sistema tiene varios inconvenientes: se trata de una lista cerrada, y si bien es cierto que se actualiza cada cierto tiempo, no permite la flexibilidad necesaria como para incorporar rápidamente nuevas categorías empresariales que van surgiendo, sobretodo las relacionadas con la actividad tecnológica, que avanza a grandes pasos (por ejemplo, el listado no dispone de ningún código específico para productos de eficiencia energética tipo LED, entre otros casos).

Otro problema de éste tipo de clasificación está relacionado con la pregunta de quién lo usa.

Según nuestra experiencia buscando licitaciones, hemos podido comprobar que su uso es muy irregular entre las entidades públicas y poderes adjudicadores. Si bien es cierto que la Unión Europea obliga a usar dichos códigos cuando se publica un anuncio en el Boletín Oficial de la Unión Europea (TED), eso no necesariamente significa que la persona que cuelgue el anuncio en el diario tenga el tiempo necesario y/o el conocimiento para ponerse a buscar qué código define mejor la actividad del concurso, o si hay algún subcódigo que pueda ser más preciso, o incluso si existe un código para el producto/servicio u obra que está solicitando. En el BOE publicar la clasificación CPV no es un criterio obligatorio, por lo que observamos que un porcentaje reducido de los anuncios contiene dicha clasificación. En términos generales, de los anuncios recogidos por Licitaciones.es durante 2011 en España, un 56% no tenían asignado ningún código CPV.

Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que hay algunas entidades públicas más afines a usar dicho sistema que otras, y eso se detecta fácilmente al comprobar  los códigos usados por una misma entidad en los distintos concursos.

En algunos casos vemos claramente que se ha realizado un minucioso trabajo de búsqueda, facilitando en la publicación del anuncio cada uno de los códigos CPV a que hace referencia el Concurso Público, por ejemplo:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~e3779b76-79ad-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~1.htm

donde vemos los códigos 15800000, 15112000, 15900000, 15110000, 15131130, 15221000, 15300000, 15500000, 15200000, 15811100, 15111000, 15113000, 15115100, 15131120, 15896000, 15250000, que hacen referencia a cada uno de los lotes de los que consta el anuncio y de los productos solicitados en ellos.

Tenemos otros casos en que se facilita un código genérico:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~999bd79c-9465-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~1.htm

en éste anuncio se usa el código 32000000, que hace referencia a Suministros de Equipos de radio, televisión, comunicaciones y telecomunicaciones y equipos conexos. Pero vemos que en el anuncio hay 2 errores de publicación. Primero, se trata de un servicio de homologación de equipamientos TDT, y no de un contrato de suministros como se ha publicado, y en segundo lugar no existe en el listado de códigos CPV ninguna entrada que hable sobre servicios de homologación, por lo que el código usado puede llevar a confusión. Yo personalmente hubiera usado el código 50340000-0 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos audiovisual y óptico, que aunque tampoco define exactamente el concepto de la licitación, por lo menos sí resulta un poco menos confuso.

En otros casos no se facilita absolutamente ningún código:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~18f1aa90-9492-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~2.htm

Éste anuncio ha sido publicado en el Perfil de Contratante del Gobierno de Aragón.

Y por último tenemos anuncios con códigos completamente erróneos, como el siguiente caso:

http://www.licitaciones.es/ausschreibungen/index~id~a1b23e9e-9465-102f-9118-001f29e7574e~TableSort_SortName~veroeffentlichungsdatum~TableSort_direction~1~SEITE~1.htm

donde se ha usado el código 15412200 Grasas vegetales, cuando el objeto del contrato es el Suministro de biodiésel puro o mezclado (que tiene su propio CPV: 09134230-8 Biodiésel).

 

Por lo tanto, vemos que los códigos CPV resultan una idea fantástica si siempre se pudieran aplicar correctamente, o si todas las personas que publican los anuncios dispusieran de suficiente tiempo y formación como para revisar atentamente los datos que detallan en cada anuncio. Pero por desgracia diariamente nos encontramos todo tipo de resultados extraños que obligan a ser muy cautelosos en la utilización de dichos códigos cuando se trata de buscar anuncios de Concursos Públicos que nos puedan interesar. Así que ya saben, si encuentran algún buscador que solamente les permita realizar búsqueda por códigos CPV, no deben fiarse de los resultados que obtengan, faltarán muchos anuncios y otros serán totalmente incorrectos.

En determinados concursos públicos surge la posibilidad de hacer una unón temporal de empresas. Según la ley de contratos del sector público en su articulo vigente a día de hoy dice:

1.Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor.

2. Los empresarios que concurran agrupados en uniones temporales quedarán obligados solidariamente y deberán nombrar un representante o apoderado único de la unión con poderes bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven hasta la extinción del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes mancomunados que puedan otorgar para cobros y pagos de cuantía significativa. A efectos de la licitación, los empresarios que deseen concurrir integrados en una unión temporal deberán indicar los nombres y circunstancias de los que la constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

3. La duración de las uniones temporales de empresarios será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

4. Para los casos en que sea exigible la clasificación y concurran en la unión empresarios nacionales, extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea y extranjeros que sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea, los que pertenezcan a los dos primeros grupos deberán acreditar su clasificación, y estos últimos su solvencia económica, financiera y técnica o profesional.

En relación a la clasificación si que ahora es necesaría para las dos empresas, el cálculo de la categoría sería de la siguiente manera:

Cuando varias de las empresas se encuentren clasificadas en el mismo grupo o subgrupo de los exigidos, la categoría de la unión temporal, en dicho grupo o subgrupo, será la que corresponda a la suma de los valores medios (Vm) de los intervalos de las respectivas categorías ostentadas, en ese grupo o subgrupo, por cada una de las empresas, siempre que en la unión temporal participen con un porcentaje mínimo del 20 por 100.

Para obtener el valor medio (Vm) de las categorías se aplicará la siguiente fórmula:

Vm = (Límite inferior + límite superior)/2

Elaboración propia

Cuando alguna de las empresas no participe, al menos, con el mencionado porcentaje del 20 por 100, al valor medio del intervalo de la categoría se le aplicará un coeficiente reductor igual a su porcentaje de participación, en dicha ejecución, dividido por 20. A estos efectos, en el caso de la máxima categoría aplicable al subgrupo, para el cálculo del valor medio de su intervalo, se considerará que el valor máximo del mismo es el doble del valor mínimo.

A este último texto sacado literalmente de la norma. Podemos ver un ejemplo de una situación que se le presento ante la Junta Consultiva de contratación que conluyo en su informe 2/04 del 12 de marzo de 2.004

“¿Cuál debe ser la interpretación de los criterios establecidos en el artículo 52 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por Real Decreto Legislativo 1098/2001, de 12 de octubre, para la determinación de la clasificación de una Unión Temporal de Empresas, cuando una de las empresas integrantes de la misma esté clasificada en el subgrupo exigido en una licitación con categoría igual o superior a la pedida, pero no alcance un porcentaje de participación en dicha Unión Temporal de Empresas de al menos el 20 %?”

A lo que la Junta Consultiva concluye:

Que en las uniones temporales de empresarios, cuando una de las empresas que concurren en la unión ostenta la clasificación en el subgrupo exigido con categoría igual o superior a la pedida, la unión temporal alcanza directamente dicha clasificación con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la unión.

 

Para concurrir en cualquier mercado se requiere conocer bien el sector y apostar decididamente por hacer aportaciones singulares y de competividad. Hacerlo participando en el mercado público añade un nuevo aspecto, sobre todo por las diversas diferencias vitales en la manera que éste se mueve. La fundamental reside en el carácter público de las ofertas. Esto supone que las administraciones se regulan en sus relaciones con sus proveedores de una forma especial controlada por ley. A las normas no escritas del mercado privado, se añaden algunas que obligan fundamentalmente al carácter público del proceso, para asegurar que los dineros de todos se gastan conveniente y transparentemente. Eso obliga a que los administradores sean rigurosos y formales en sus relaciones con las empresas que quieren convertirse en proveedoras de la Administración. Como contraposición a este formalismo y rigor, la ventaja estriba en que las reglas se conocen y se respetan estrictamente, de forma que es mucho más sencillo saber qué ocurre en los entresijos del entorno público que en los de la empresa privada, donde hay barreras de acceso y de conocimiento del mercado que no son obvias. Por ejemplo, la participación en un concurso supone saber cuáles son las empresas competidoras y se puede conocer parte de la oferta que éstas presentan. La más importante: el precio, aunque no la única; plazo, mejoras y otras características pueden ser públicos también. En suma, conoceremos quién participa en el concurso, en qué condiciones lo hace y a quién adjudican el contrato, con certeza absoluta del precio final. ¿Cuántas veces alguno de estos aspectos es desconocido realizando una oferta a una empresa?

 

Para tomar la decisión de competir vendiendo los  productos o servicios de una empresa a las administraciones públicas hace falta un análisis profundo y una evaluación de oportunidades. Así que partimos de la decisión empresarial de participar en concursos públicos. Es una opción firme y meditada, con la convicción que no será fácil, pero que en un futuro (esperemos que próximo) aportará sus frutos y justificará los resultados. Habrá que empezar buscando convocatorias de contratos públicos, actividad más compleja de lo que parece a primera vista, y probablemente sea necesario estar calificado y clasificado para poder participar en una determinada licitación. Y, cómo no, será imprescindible dominar la jerga que nos permita navegar fluidamente por los entresijos de la Ley de Contratos. Todo esto no debe desanimarnos: hay muchas empresas que sustentan gran parte de su estrategia, su competencia y su capacidad en el mercado público. Como en cualquier entorno, habrá que luchar duro para superar las hostilidades. Los recursos comerciales, de entrada, son distintos. Es necesario preparar la organización para poder atender las particularidades del mercado. Hace falta un equipo que lidere la persecución del objetivo de contratar. Normalmente habrá que distinguir las labores comerciales formales y separarlas de las de carácter informal. Las primeras corresponden al seguimiento del mercado y a la preparación de valoraciones y presentación de ofertas. Las segundas suelen ser de carácter relacional y comportan el conocimiento del cliente y la visita periódica para realizar un seguimiento de las ofertas presentes y futuras. Las empresas de construcción, que compiten en el mercado de obra pública, suelen asignar esta organización formal al Departamento de Estudios y la de carácter comercial a algún directivo de alto  nivel. En las empresas farmacéuticas, que proveen el mercado de la sanidad pública, ambas funciones suelen asignarse al Departamento de Marketing. La denominación (estudios, marketing o cualquier otra) es lo de menos; lo importante será otorgar responsabilidad y medios a un equipo que incluya entre sus asignaciones la de contratar en el mercado público. Convendrá prever qué necesidades va a encontrar el equipo para planificar sus componentes y los medios que precisarán. Concebir el equipo creando de cero una organización independiente puede ayudar a facilitar su trabajo, aunque a veces es mejor dejar que sea un departamento comercial ya operativo el que evolucione para poder adaptarse a las necesidades del concurso público.

 

Una vez establecido el ámbito de clientes sobre los que se realizará la oferta, será conveniente controlar la publicación de noticias investigando en las diferentes fuentes de información. Los concursos de cada sector empresarial suelen tener características similares, de manera que la preparación de una oferta tiene un alto valor de aprendizaje porque muchas de las experiencias serán trasladables a clientes similares, ya sean municipios, consejerías autonómicas o ministerios. Normalmente un anuncio de un concurso público indica aspectos elementales de la licitación: características de la convocatoria, importes, plazos y requisitos. La publicación suele remitir a la fuente de documentación, ya sea a través de algún departamento del organismo que convoca o a través del Perfil del Contratante en Internet, donde pueden conseguirse otros documentos más amplios y que ayudan a evaluar mejor las circunstancias de la oferta, como Pliegos Administrativos y Técnicos o Proyectos. Conocida una convocatoria, cabe evaluar la decisión de concurrir al concurso. Los plazos de presentación de ofertas suelen oscilar entre los 13 y 26 días, que son los tiempos más habituales, aunque para operaciones de mayor volumen económico se hacen primeras publicaciones y advertencias con 52 días de antelación, al estar condicionadas por la publicación del anuncio en los boletines de la Unión Europea. Aunque puedan parecer muchos días, el tiempo para preparar una oferta es muy apretado y las decisiones han de tomarse con agilidad, para poder reunir los datos de la oferta (a veces un voluminoso proyecto), evaluar las circunstancias técnicas y económicas y preparar la documentación de presentación. Los criterios para optar a una oferta concreta deben tener presente el tipo de trabajo, el cliente y nuestro grado de conocimiento de su organización, el importe de salida de la oferta, el plazo de ejecución del trabajo y los requisitos de puntuación del concurso. Las barreras más importantes suelen presentarse en el caso de ser preciso estar clasificado y en los avales económicos que se deban depositar como garantía del cumplimiento de la oferta que se realice. Cuando se trata de concursos pequeños estos dos requisitos no existen; es decir, para importes de poca entidad económica no es necesaria clasificación empresarial alguna ni hace falta presentar un aval bancario. En estos casos, la administración puede pedir algunas verificaciones de solvencia técnica y económica que suelen ser fáciles de asumir prácticamente por cualquier empresa que ya tenga algo de experiencia en el mercado. Normalmente se refieren al volumen de facturación anual de la empresa, a la titulación de los técnicos que realizarán el trabajo o a estar en posesión de experiencias similares a la que se pretende ofertar.

 

Una vez tomada la decisión de presentarse a una oferta concreta, hay que preparar en plazo la documentación que solicite la Administración. Las primeras veces es necesario prever que se den dificultades, propias del proceso de aprendizaje, por lo que no estará de más contar con tener preparada la oferta con algo más de antelación. Pero el tiempo disponible no suele ser holgado, porque los plazos de entrega –hora incluida- son inapelables. También hay que contar con moral de superación, para que el equipo se sienta optimista y dispuesto a vencer las dificultades que cualquier primera experiencia entraña. Una vez dominado, por reiteración del proceso de ofertar, parte del problema de preparar una documentación de una oferta será trivial de resolver. En las siguientes ofertas se podrá destinar el tiempo a trabajar más cuidadosamente los aspectos singulares y específicos de la propuesta concreta que se presente, como el contenido técnico  o la valoración económica. En futuros artículos que publicaremos en el blog iremos acometiendo algunos de los aspectos particulares de los concursos, para recorrer juntos los entresijos de los Pliegos y los proyectos. Como primer avance, adelantaremos que normalmente una oferta consta de tres clases de documentación que se entregan en diferentes sobres. La plica administrativa (normalmente el primer sobre) contiene información sobre la empresa o empresas que realizan la oferta y sobre las personas que actúan en nombre de ésta: escrituras, poderes, copias de inscripciones en registros de clasificación y avales o pruebas de la solvencia. El segundo grupo de documentos responde a las características técnicas del concurso y suele ser específico de cada tipología. Puede contener desde memorias técnicas de ejecución de los trabajos, hasta detalles concretos sobre el producto que se oferta, como especificaciones, patentes o experiencias de la empresa fabricante y de los servicios postventa ofrecidos. Una tercera parte (a veces en el mismo sobre que la documentación técnica y otras veces en un sobre distinto), comprende la oferta económica y otros aspectos cuantificables de ésta (el plazo de ejecución o los períodos de garantía asumidos, por ejemplo).

 

Como se puede apreciar, la documentación a preparar requiere de atención, supone un coste de elaboración y reclama la dedicación de algunas personas. El coste de  preparación de ofertas es un criterio que puede ayudar a tomar la decisión de participar en el mercado público, al permitir evaluar el gasto a realizar frente a los posibles resultados de las contrataciones. Para quien participa en concursos habitualmente queda  justificada la rentabilidad de estos gastos.

 

A

Acuerdo Marco: Es una herramienta para la contratación que deriva en un contrato de tipo normativo. Es decir, se fijan unas normas para comprar una serie de bienes y servicios de uso común, a uno o varios proveedores. Las compras basadas en esta herramienta se realizarán cuando los organismos tengan necesidades concretas. La duración máxima de estos contratos es de 4 años. Se publican como si fueran Anuncios de Licitación. Si una empresa se queda fuera del acuerdo marco, no puede presentarse a ningún concurso que esté bajo el mismo durante toda su duración.

Adjudicación: Acto oficial en el que el organismo decide cuál de las ofertas presentadas por los licitadores es la ganadora, es decir, acto en el que se decide quién es el adjudicatario de esa licitación, en base a la evaluación de las ofertas. Consta de una fase provisional,

Adjudicatario: Empresa que ha presentado una oferta a una licitación y ha resultado ganadora.

Anuncio Previo:  Nos avisa de que se va a comprar por parte de un organismo, y en este vemos los plazos y los principales requisitos que se nos pide. Aparecen los principales datos como, por ejemplo, la fecha límite para la presentación de las ofertas, el importe máximo, etc

 

B

Boletín Oficial: es el diario oficial del Estado español. En él se publican leyes, disposiciones y actos de inserción obligatoria. Existen distintos Boletines Oficiales para distintos niveles de Entidades Públicas.

DOUE: Diario Oficial de la Unión Europea

BOE: Boletín Oficial del Estado.

BOA: Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma

BOP: Boletín Oficial de la Provincia

 

C

Clasificación CPV: (Vocabulario Común de Contratos Públicos, por sus palabras en Inglés Common Public Vocabulary). Se trata de un sistema de clasificación único con el fin de normalizar las referencias utilizadas para describir el objeto de sus contratos. Vendría a ser como los códigos CNAE, pero normalizados para toda la UE. Listado de códigos CPV.

Clasificación empresarial:  Es una certificación de nuestra empresa emitida por el Ministerio de Economía y Hacienda en la que se define:

  • el Grupo de actividad: es decir, qué vende la empresa. Una empresa puede estar en más de un Grupo.
  • la Categoría: que dependerá de la experiencia acreditada y el volumen de negocio generado por la empresa en los últimos años en cada uno de los Grupos anteriores.

Explicación más detallada en la entrada de Registros de Licitadores.

Contratación Pública: Son las compras de productos, servicios y obras que realizan las Administraciones Públicas. También se conocen como compras públicas.

 

E

Entidad Adjudicadora: (también conocido como Órgano de Contratación). Es la Administración Pública que realiza la contratación.

 

F

Formalización del contrato: Adjudicación definitiva de una Licitación, que descarta la posibilidad de recurrir la decisión de la mesa de contratación. Una vez el contrato está formalizado y firmado, la empresa adjudicataria pasa a ser la empresa contratista.

 

I

Importe (también importe máximo de Licitación): Es el precio máximo que el organismo determina para las ofertas que presentan los licitadores. No confundir con Valor Estimado del contrato (aunque pueden coincidir).


L

Licitación: es el procedimiento administrativo para la adquisición de suministros, realización de servicios o ejecución de obras que celebren los entes, organismos y entidades que forman parte del Sector Público.

Licitadores: Cada una de las empresas que deciden participar en una Licitación.

Lotes, División en: Es la división de una Licitación en distintos contratos. Si los lotes son independientes, la empresa se puede presentar a uno o más, según su elección.

Lugar de Ejecución: Lugar en el que tendrá lugar la acción del contrato (a menudo distinto del lugar donde hay que presentar las ofertas o recoger la documentación)

 

M

Mesa de Contratación: La Mesa de Contratación es un órgano colegiado nombrado por la Entidad Adjudicadora. Sus funciones son:

  • Calificar la documentación presentada por los licitadores
  • Comunicar a los licitadores los defectos y omisiones subsanables, así como excluir a los que no cumplan con los requisitos.
  • Valorar las distintas ofertas y puntuarlas.
  • Proponer la adjudicación provisional

 

P

Perfil de Contratante: Apartado dentro de las páginas web de los órganos de contratación que contiene información sobre el organismo, qué normas aplica cuando contrata, qué licitaciones están convocadas y sus anuncios, los pliegos de esas licitaciones, las adjudicaciones provisionales y definitivas, etc.

Plataforma de Contratación: Portales web que aglutinan distintos Perfiles de Contratante. Existen varias, en función del nivel que representan (Plataforma de Contratación del Estado – para la Administración General del Estado y sus organismos dependientes – y Plataformas de Contratación Autonómicas – para entidades públicas de una misma autonomía – p.ej. Plataforma de Contratación de Andalucía, Galicia, Cataluña, etc. No todas las autonomías disponen de una).

Plazo de Presentación de la Oferta, o Fecha fin/límite de Presentación de Ofertas: Fecha límite para que las empresas licitadoras entreguen la documentación solicitada (oferta) al órgano de contratación.

Pliegos de la Licitación: Son los documentos que incluyen las especificaciones detalladas de qué se va a comprar y cómo se va a comprar. Suelen publicarse en la WEB del organismo que va a comprar. En cualquier caso, el anuncio de licitación indicará si es ésta u otra (pidiéndolos por correo electrónico, llamando por teléfono para recibir indicaciones o incluso recogiéndolos en una copistería) la forma de conseguirlos. Es imprescindible disponer de los pliegos de la licitación para poder preparar una oferta.

Procedimiento de adjudicación: Son los pasos o proceso que se sigue para hacer una compra o contratación a una (o varias) empresa(s) concreta(s). Existen diferentes tipos de procedimientos, explicados en la entrada de Dónde encontrar Licitaciones.

 

R

Registros de Licitadores: Son archivos donde las empresas se dan de alta voluntariamente y que facilitan la posterior tramitación de los documentos solicitados para presentarse a Concursos Públicos. Explicación más detallada en la entrada de Registros de Licitadores.

 

S

Sistema Dinámico de Contratación: Igual que los acuerdos marco, pero permiten que empresas no incluidas en un primer momento también puedan entrar a participar de las licitaciones publicadas bajo dicho sistema mediante la presentación de una oferta indicativa.

Subcontratación: Es el acto por el que la empresa contratista puede concertar con terceros la realización parcial de la prestación, salvo en aquéllos casos en los que el contrato o los pliegos indiquen lo contrario. Los contratos suelen tener especificado el porcentaje máximo de subcontratación.

 

T

Tipo de Contrato:  Calificación de los contratos usados por las Entidades Adjudicadoras:

  • Contrato de obras. Su objeto es la realización de una obra, entendiéndose como trabajos de construcción o de ingeniería civil (construcción de carreteras, edificios, etc.)
  • Contrato de concesión de obras públicas. Es un ‘subtipo’ de contrato de obra, específicamente referente a la restauración, reparación, conservación y mantenimiento de construcciones existentes,  y en el que la contraprestación a favor del contratista consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio (ampliación y explotación de puerto deportivo, construcción y explotación de centro de empresas, etc.).
  • Contrato de gestión de servicios públicos. Corresponde a la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de su competencia por la Administración o Mutua encomendante (gestión de residencia de mayores, escuelas, abastecimiento de agua, etc.).
  • Contrato de suministros. Adquisición de productos o bienes muebles (suministro de vehículos, energía eléctrica, material médico, etc.).
  • Contrato de servicios. Realización de prestaciones a las Administraciones Públicas (servicios de limpieza, consultoría, publicidad, etc.).
  • Contratos mixtos. Cuando tenemos en un mismo contrato una mezcla de los anteriores mencionados (redacción de proyecto y ejecución de obra, alquiler, montaje y desmontaje de iluminación navideña, etc.)
  • Contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado. Son contratos en los que una Entidad Pública encarga a una empresa privada la realización de una actuación global e integrada que, además de la financiación de inversiones necesarias para el cumplimiento de determinados objetivos, comprenda la construcción de obras, equipos o sistemas, la gestión integral del mantenimiento de instalaciones complejas o la fabricación de bienes y/o la prestación de servicios más ventajosos que las existentes en el mercado.

 

V

Valor estimado del contrato: importe máximo que la entidad adjudicadora está dispuesta a pagar, incluyendo las posibles prórrogas y opciones eventuales (por lo tanto, si se tratase de un contrato prorrogable por 2 años adicionales, y su Importe fuese de 10, el valor estimado sería 30).

Hace ya unos meses que desde el Ayuntamiento de Barcelona se está dando apoyo a las PYMES de la província que quieren ganar Concursos Públicos, y por ello nos han remitido un pequeño texto que os copio a continuación (e igualmente os invito a participar en él):

Autor: Lluís Mauri Sellés, comunicador i TCD en Barcelona Activa.

No es nada nuevo decir que, pese a crisis estructurales o coyunturales, el Mercado Público mueve mucho dinero. Para ejemplificarlo, un par de datos:

1.- La compra pública en Europa suma alrededor del 15% del PIB global de los estados europeos.

2.- En España, las administraciones públicas gestionan más de 130.000 millones de euros en concursos públicos repartidos entre más de 10.000 compradores, entre ministerios, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, organismos autónomos, empresas públicas,  etc.

Tampoco daremos ninguna sorpresa si decimos que la mayoría de estos concursos no cuentan con pequeñas y medianas empresas entre sus principales licitadores.

Quizás sí que entremos en novedad si decimos que, desde las administraciones públicas y sus organismos y empresas vinculados, hay interés en contratar a pymes con una clara finalidad de distribución de los recursos públicos al mayor número de empresas posible. Entre otros motivos, porqué un ecosistema empresarial necesita de grandes corporaciones pero también de pequeñas empresas y autónomos que densifiquen el mercado, liberalizando sus estructuras y llegando a un mayor número de clientes.

Pero una pyme ya tiene suficiente trabajo como para rastrear la maraña de publicaciones dónde estos se publican, o  para enfrentarse al papeleo que demanda la presentación a concursos públicos. Concursos para los que, muchas veces, se requiere de asociaciones o cooperaciones para obtener una mínima musculatura para afrontar la tarea encomendada.

Y por eso, desde el Ayuntamiento de Barcelona, hemos iniciado un proyecto para ayudar a las empresas de Barcelona a participar y ganar Concursos Públicos.

Un proyecto que:

1.- ayuda a identificar  oportunidades en licitaciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales.
2.- orienta y apoya en todo el proceso de tramitación de las mismas.
3.- fomenta la necesaria cooperación y coordinación de espacios de interrelación para la creación de proyectos consorciados. Y,
4.- da el conocimiento y las habilidades necesarias para mejorar las capacidades y aumentar las probabilidades de éxito de cualquier empresa.

Así que si tenéis vuestra sede en Barcelona, no dudéis en inscribiros en nuestra web, eso sí, ¡daros prisa!. Y si no estáis en Barcelona, ¡no dejéis de preguntar a vuestros ayuntamientos y Cámaras de Comercio, encontraréis más oportunidades de conseguir ayuda!

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